Al referirse a la conflictividad
en el agro guatemalteco se debe tomar en cuenta que tienen un carácter
multicausal y en él convergen factores tanto políticos, económicos, sociales,
históricos, como ideológicos, jurídicos, ambientales, laborales, étnicos y
culturales, entre otros.
Durante las casi cuatro décadas
del conflicto armado interno, el país estuvo sumergido en un “terrorismo de
Estado”. Con un marcado deterioro en las condiciones de vida en la mayoría del
campesinado las organizaciones guerrilleras lo “movilizan” para concretar la
reestructuración de la sociedad guatemalteca. Se instituye la política
contrainsurgente de “tierras arrasadas” (masacres de los pobladores y quemas de
cientos de aldeas, particularmente en los departamentos de mayor población
indígena) con el fin de contrarrestar cualquier tipo de apoyo brindado a la
guerrilla, que dio lugar a que la población se desplazara internamente o fuera
del país, especialmente a México.
Los 36 años de enfrentamiento
armado, la inusitada violencia de que fueron objeto los campesinos indígenas,
el desplazamiento interno de más de medio millón de personas, el genocidio
practicado por el Estado (...) que provocó más de 200.000 muertos, la inmensa
mayoría campesinos indígenas no combatientes, y la salida del país de más de
150.000 personas, agregó una nueva dimensión al problema agrario, definiendo
factores de la historia reciente que intensificaron la tesitura de la
complejidad ya existente.
Por su parte la Unidad
Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) también estuvo vinculado a la
creación de organizaciones civiles, sobre todo en el altiplano y en la capital,
llevando a considerar la variada composición de las mismas que configuraron
demandas de paz, justicia social, derechos humanos, auténtica democracia, entre
otras, orientados por la “política de izquierda tradicional”.
1994 se firmó el Acuerdo Marco
para la Reanudación del Proceso de Negociación entre el Gobierno de Guatemala y
la URNG. La importancia del acuerdo reside en que se establece la participación
de la sociedad civil en las negociaciones a partir de la Asamblea de la Sociedad
Civil (ASC). Pese a que las propuestas no tenían carácter vinculante fue un
precedente por un lado y, por el otro, muestra una fragmentación en el seno de
las organizaciones pues, el movimiento campesino se involucra hasta que la
Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC)48 fuera admitida,
mientras que la Coordinación de Organizaciones del Pueblo Maya de Guatemala
(COPMAGUA)49 representando a los pueblos indígenas maya, xinca y garifuna,
ganaba una posición prominente dentro de la Asamblea. Se firma el Acuerdo
Global sobre Derechos Humanos, el 29 de marzo de 1994, representando el
compromiso general que el Estado tendría con relación a determinar la
connotación de víctima de violación a los derechos humanos y el apoyo a las
víctimas del conflicto armado.
El movimiento campesino se había
alejado del resto del movimiento popular en las discusiones del acuerdo,
llevando a cabo manifestaciones como invasiones, además de comunicados donde
exponían su posición y demandas relativos a la tierra, que redundaron en la
obtención de títulos de tierra en el altiplano y la costa sur. Su
participación, de otra parte, en la ASC fue comparativamente menor al
movimiento indígena y, la relación con la guerrilla se deteriora, conduciendo a
la separación dentro del Comité de Unidad Campesina (CUC) surgiendo así, la
Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (CONIC), quién habría sido acusada
de romper la agenda de la paz por la muerte de activistas y policías durante
los desalojos de tierras invadidas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario