GLOBALIZACION

A partir del 14 de enero de 2012 se fortalece un modelo de organización política, económica y social, fundamentado en la remilitarización/poder del Ejército, la apuesta por las inversiones extractivas y la transnacionalización de la economía, la concentración de la toma de decisiones (autoritarismo), la ideologización conservadora y el uso institucional de la violencia. Este modelo renueva y actualiza el pacto histórico oligarquía-ejército, adecuándolo al contexto nacional e internacional. A diferencia del momento precedente (transición democrática, vigencia  –formal- de Acuerdos de Paz, gobiernos civiles), el actual pacto de elites es visiblemente autoritario, tanto en el fondo como en la forma (desconoce leyes y procedimientos, apuesta por el ejercicio unipersonal del poder), se basa en la identidad y el poder militar, al apoyarse en el Ejército o sectores del mismo, y restringe en la práctica libertades y derechos. El  pacto incluye a grupos criminales, cuenta con el Partido Patriota como operador político, y se apoya en la anuencia explícita o silenciosa de transnacionales y gobiernos conservadores de Europa, Centro y Sudamérica, así como de la administración estadounidense.

La renovación/reconfiguración no implica cambios radicales con la etapa anterior, sino la agudización de los rasgos autoritarios y la adaptación a las nuevas realidades económicas y políticas, especialmente:el incremento del volumen y el poder de la economía criminal (trata de personas, narcoactividad, contrabando de armas y otros) hace que el pacto oligarquía-ejército sea, en sentido estricto, pacto capital tradicional y capital emergente criminal con sectores militares, el golpe de estado de Honduras, junio de 2009, legitima soluciones de fuerza, al margen de la ley, y el retorno del Ejército como árbitro y actor fundamental de poder político, la derechización de los gobiernos y las sociedades europeas se convierte en soporte político fundamental del neoautoritarismo.

El modelo en desarrollo define un nuevo ciclo histórico. Anula, en primer lugar, el modelo de estado y el modelo de sociedad diseñado en los Acuerdos de Paz (los que, en cualquier caso, no lograron concretarse), al reducir por enésima ocasión las funciones y el poder del Estado, subordinar los actores sociales a los mercados y simplificar la democracia: las elites políticas y el presidente del Ejecutivo acumulan funciones y decisiones, en un marco de hiperconcentración del poder.

En segundo lugar, implica el fin de la transición democrática iniciada con la conversión de gobiernos militares a civiles y la promulgación de la Constitución de 1985: avala el retorno de militares a la gestión del poder político y el control de instancias de gobierno.